Corrupción en el sistema de salud colombiano: desvío de recursos y entidades fantasma. 

Por: Andrés Felipe Botero Villarreal^[1]

En los últimos años, la crisis del sistema de salud en Colombia ha cobrado mayor relevancia en el debate nacional. Desde la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, han surgido múltiples interrogantes sobre la viabilidad del modelo vigente, con críticas que señalan problemas estructurales como la ineficiencia en la atención médica, las dificultades de acceso al sistema, el desvío de los recursos y la falta de transparencia en la administración de estos fondos. Recientemente, este último aspecto ha cobrado especial importancia debido a las denuncias realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES, que han revelado posibles irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la atención médica de millones de colombianos por parte de diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS).

La serie de denuncias sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos de la salud comenzó el 30 de octubre de 2024, cuando el entonces Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, anunció que, tras varias auditorías a cuatro EPS, se evidenciaron múltiples irregularidades en la gestión de los recursos públicos destinados al sector salud. Según el comunicado de la Supersalud, la investigación permitió recolectar evidencia de confabulaciones para la asignación de contratos, concentración injustificada de pagos a determinadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), sobrecostos en funciones de interventoría, control indebido de giros de recursos y favorecimiento de ciertos laboratorios y productos específicos^[2].

Uno de los casos que causó mayor revuelo a nivel nacional producto de este informe fue el de Coosalud EPS, entidad señalada por el manejo irregular de más de 200 mil millones de pesos. La investigación reveló que la EPS utilizó fideicomisos para cubrir deudas bancarias en lugar de destinar los recursos a la atención en salud. Además, se denunció la posible injerencia de particulares en la asignación de contratos y giros de recursos, así como la existencia de una red de intermediarios que facilitaban la desviación de dineros a empresas fachada. Como consecuencia, la Superintendencia de Salud ordenó la intervención de Coosalud EPS. El 6 de diciembre de 2024, el equipo interventor presentó su primer informe de hallazgos, en el que reveló que, en diciembre de 2022, Coosalud EPS sirvió como garante de un contrato de crédito celebrado entre una entidad bancaria y la compañía COOSALUD INVERSA S.A., uno de los principales accionistas de la EPS. En noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito y activó las cláusulas aceleratorias del contrato para garantizar el pago de la obligación. Como resultado, el 20 de noviembre se concretó la transferencia de 206 mil millones de pesos desde fideicomisos constituidos por Coosalud EPS para cubrir la deuda^[3]. 

En medio de esta controversia, recientemente se presento una nueva denuncia sobre posibles desvíos y malos manejos de los recursos destinados a la salud. El 3 de marzo de 2025, la ADRES presentó una denuncia ante la Fiscalía por los hallazgos encontrados en una auditoría realizada por la entidad. La investigación reveló que 36 IPS realizaron solicitudes de cobro por servicios de salud supuestamente prestados a víctimas de accidentes de tránsito. Sin embargo, al realizar visitas físicas a estas entidades, se comprobó que muchas de ellas no existían o carecían de la infraestructura necesaria para prestar los servicios que reclamaban^[4]. Es importante recordar que el artículo 2.6.1.4.2.3 del Decreto 780 de 2016, establece que la ADRES es la encargada de cubrir los valores correspondientes a los servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito en los casos en que el vehículo involucrado no esté identificado o no cuente con una póliza SOAT vigente^[5]. Además, en estos casos la ADRES no requiere la intermediación de una EPS para el giro de los recursos, los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) solo deben estar inscritos ante la ADRES y cumplir con los requisitos y anexos requeridos para la procedencia de la reclamación^[6]. Por ello, se crearon IPS de “papel” para generar cobros y con ello recibir poder apropiarse ilegalmente de recursos de la salud por un valor aproximado de 79.511 millones de pesos. 

Todos estos escándalos surgen en medio del debate que se desarrolla actualmente en el Congreso sobre la reforma a la salud. La aprobación de este proyecto y los beneficios que podría generar siguen siendo inciertos. Sin embargo, queda claro que es fundamental que las autoridades continúen investigando y sancionando las irregularidades descubiertas dentro del sistema de salud colombiano, con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio y la protección del derecho fundamental a la salud de todos los ciudadanos.

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^[1] Monitor del Centro de Estudios sobre Genética y Derecho de la Universidad Externado de Colombia.

^[2] COLOMBIA. Superintendencia de Salud delegada para entidades de aseguramiento en salud, 2024. Informe Preliminar Diligencia Supersalud. [En línea] [Consulta: 3 de marzo de 2025].

^[3] COLOMBIA. Superintendencia de Salud, 2024. Supersalud alerta posible pérdida de más de 200 mil millones por parte de la EPS Coosalud. [en línea]. 6 de diciembre. Disponible en: https://www.supersalud.gov.co/es-co/Noticias/listanoticias/supersalud-alerta-posible-perdida-de-mas-de-200-mil-millones-por-parte-de-la-eps-coosalud [Consulta: 3 de marzo de 2025]. 

^[4] COLOMBIA. Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 2025. ADRES pone en conocimiento de la Fiscalía presuntas anomalías de 36 IPS que estarían operando sin infraestructura física. [en línea]. 3 de marzo. Disponible en: https://www.adres.gov.co/sala-de-prensa/noticias/Paginas/Anomalias-de-36-IPS-que-estarian-operando-sin-infraestructura-fisica.aspx  [Consulta: 5 de marzo de 2025].

^[5] COLOMBIA. Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Artículo 2.6.1.4.2.3

^[6] COLOMBIA. Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Resolución 00012758 de 2023.